Monday, March 21, 2016

OTRAS ESPECIALIDADES DE LOS CONTRATOS MERCANTILES



Una de las tareas jurídicas en la regulación y aplicación práctica del contrato consiste en la interpretación de la voluntad contractual. Así la ejecución o el cumplimiento de los contratos y la aplicación a los mismos de las disposiciones del Derecho positivo, exige su previa interpretación, sobre todo cuando existe divergencia entre las partes, en cuanto al sentido de sus declaraciones de voluntad.

Tanto los contratos formalizados por escrito cuando contienen declaraciones ideológicas, susceptibles de generar dudas sobre su sentido, como los contratos verbales pueden necesitar de interpretación por ello el C.Com regula unas disposiciones sobre la interpretación de los contratos de comercio en los art. 57, 58 y 59, al igual que los art. 1281 al 1289 contienen disposiciones generales o comunes. Los preceptos del C.Com atienden, en primer lugar, al criterio de la buena fe, dentro de un sistema de interpretación literal. Esto supone que en la vida del tráfico mercantil, habrán de observarse dos reglas básicas

a) Hay que atender a los términos en los que ha sido hecho o redactado el contrato, pero debiendo prevalecer, en todo caso, el contenido de la voluntad real de los contratantes. La interpretación literal supone dar a las palabras el sentido que, en cada determinado sector del tráfico profesional, al que corresponda el negocio que se estipula, les den los propios comerciantes
http://eskup.elpais.com/evaalvarez11

b) La segunda, es que se prohíbe restringir con interpretaciones arbitrarias los efectos que naturalmente se deriven de la expresión de los contratantes
http://www.sambafoot.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=1920

El art. 58 establece una norma interpretativa al determinar que cuando existan divergencias entre los ejemplares escritos habrán de ser resueltas tomando como criterio lo que resulte de los libros de los fedatarios mercantiles; en caso de que no pudiere resolverse se aplicará el principio a favor del deudor.

En opinión del Prof MOTOS para hacer la interpretación del contrato mercantil, primero habrá que atenerse a las normas del Derecho mercantil legislado, en segundo lugar a los usos de comercio; a falta de usos de comercio se debería recurrir a las normas de interpretación de los contratos del Cc, respetando la voluntad real de las partes. Terminada esta vía procede la aplicación del favor debitoris. En este punto se plantea la duda de si aplicar el principio del favor debitoris del art. 59 a todos los contratos o sólo a los contratos gratuitos como se desprende de una interpretación sistemática con el art. 1289 del Cc. Aunque una STS de 1941 solo lo aplicaba a los contratos gratuitos, aplicando a los onerosos la máxima reciprocidad de las obligaciones, el prof MOTOS considera que dado que el C. Com no distingue y que la esencia del contrato comercial es incompatible con la gratuidad, sería aplicable el art. 59 del C.Com

LA PROBLEMÁTICA DE LOS NUEVOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS



La aparición de nuevas tecnologías ha llegado al ámbito de la contratación, tanto por lo que respecta al aspecto de la declaración de las voluntades contractuales como por lo que se refiere a la prueba de las relaciones contractuales

Un ejemplo paradigmático entre los numerosos supuestos de la contratación mercantil moderna es el comercio electrónico; es decir el conjunto de transacciones comerciales, de operaciones de adquisición de bienes o prestación de servicios que tiene lugar por vía electrónica, desde la fase de tratos preliminares, pasando por el intercambio de declaraciones de consentimiento, hasta operaciones como el pago

Nos hallamos en un ámbito en el que el soporte material de la contratación es un medio de transmisión de declaraciones de voluntad, al que le es de aplicación, según sentencia del TS el art. 1262 del Cc.

El comercio electrónico engloba dos tipos de actividades:

* El simple pedido electrónico, que deja la ejecución y el pago a los canales tradicionales

* La operación total por comercio telemático que engloba desde el pedido hasta la entrega y pago

Existe el comercio electrónico cerrado cuando las bases telemáticas no son de libre acceso y se utilizan por empresarios recíprocamente conocidos y unidos por vínculos de confianza; en cambio la contratación por internet, constituye lo que se denomina comercio electrónico abierto que permite abrir el comercio electrónico a personas que no se conocen y que contratan de forma esporádica. Semejante forma de contratar suscita graves riesgos y problemas. En primer término acerca de la validez y eficacia jurídica de los contratos celebrados, riesgos de abusos y errores en la propia utilización de los procedimientos de contratación. Como pueden ser los que suponen las alteraciones de los mensajes, el que los mensajes sean leídos por personas no autorizadas, riesgos de suplantación del autor, riesgos debidos a la falta de constancia de la emisión y recepción etc.

En este sentido la Comisión Europea hace notar que el comercio electrónico necesita generar confianza previendose medidas jurídicas y técnicas para asegurar

* La autenticación de quien envía el mensaje

* La no alteración del mismo

* La constancia de la recepción

* La confidencialidad del mensaje



Para ello se ha realizado lo que se denomina firma electrónica por la que se entiende la firma en forma digital puesta sobre unos datos, añadida o asociada lógicamente con los mismos y utilizada por el firmante para indicar su aprobación del contenido. Dentro de estas firmas electrónicas hay que situar las llamadas firmas digitales, que permiten solventar los problemas de prueba de la existencia y contenido de la operación realizada, porque en ellas se recurre a las técnicas criptográficas basadas en criptosistemas de base asimétrica. La base de un criptosistema se halla en el hecho de que cada uno de los operadores del sistema posee dos claves, una pública y otra privada que se utilizan para cifrar y descifrar un mismo mensaje. En este sentido es lícito hablar de una contratación electrónica, para referirse al tráfico comercial que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico, cuando este puede tener incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o interpretación futura del acuerdo.

La aparición de estas nuevas tecnologías hace que se susciten problemas de adaptación a la realidad creada por las mismas, de los conceptos jurídicos, en lo que se denomina estado de perplejidad jurídica. Una posible solución a los problemas suscitados por estas nuevas prácticas comerciales podría resumirse en aceptar la premisa de que las novedades técnicas no deben suponer ninguna alteración de los conceptos jurídicos, y la especialidad que subyace en la celebración de contratos a través de internet, no debe obstar a que concurran los elementos esenciales del contrato: consentimiento, objeto y causa; así los mensajes estructurados que circulan entre los usuarios de terminales informáticas pueden poseer las condiciones para constituir declaraciones de voluntad negociales.

El hecho de que en la contratación se recurra a medios electrónicos plantea problemas en relación con el consentimiento contractual, porque la utilización de estas nuevas tecnologías hace más complejo el iter formativo del negocio jurídico, aunque aparentemente se haya ganado en flexibilidad y rapidez. La utilización de medios y técnicas informáticas no afecta especialmente al objeto ni a la causa de los contratos; sin embargo no se puede olvidar que será preciso un consentimiento declarado, por lo que a los elementos anteriores será preciso añadir la concurrencia del elemento ineludible de la forma, ya que sin forma no hay declaración, sin declaración no hay voluntad y por tanto no existirá negocio jurídico.

Ciertamente que nuestro ordenamiento se basa en la libertad de forma, pero en la medida en que la forma es un elemento de prueba, es evidente que el Derecho estará interesado en solucionar la interrogante relativa al valor probatorio de los soportes magnéticos y de las bases de datos o registros informáticos como instrumento de constancia de las declaraciones de voluntad negocial. En principio el eje de la cuestión radica en el concepto de documento que ha adoptado una nueva perspectiva para incluir además del escrito, a otros soportes de información:

* Cintas magnetofónicas * Películas

* Fotografías * Cintas de video

* Discos de ordenador

http://www.voiceblog.jp/vibradores/

La posibilidad de aportar estos documentos como medios de prueba en un proceso judicial está recogida en la LEC lo que supone superar los obstáculos anteriormente existentes. En que se refiere a la dimensión probatoria de estos nuevos documentos se podrían establecer una serie de requisitos que otorgaran mayores posibilidades de veracidad a estos medios de prueba como son:

* Conservación de archivos de los documentos electrónicos

* Seguridad e integridad de los datos, lo que se refiere a la garantía de imposibilidad de acceso a dichos datos

http://forum.superutils.com/viewtopic.php?f=2&t=16023

* Sistema de documentación de los archivos electrónicos

* Sistema de archivo de copias

* Accesibilidad del sistema


VALOR PROBATORIO DE LA CORRESPONDENCIA TELEGRÁFICA



El art. 51 del C. Com contiene un precepto en el que recoge que la correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre las partes:

a) Si los contratantes han pactado de antemano en la utilización de este medio de comunicación y

b) Si el mensaje contiene los signos y contraseñas que se hubieren establecido de antemano

http://tiendaerotica.doattend.com/

Estos requisitos solo impiden que se rechace a limine un negocio efectuado por vía telegráfica, sin embargo siempre subsistirán las dudas relativas a la autenticidad de la declaración.


http://www.erotismo.localbd.com.au/


VALOR PROBATORIO DE LOS LIBROS CONTABLES

Antes de la reforma de 1973 del C. Com estaba privilegiada la fuerza probatoria de los libros de comercio en atención al carácter ordenado de la llevanza de los mismos. La doctrina jurisprudencial erosiono esa eficacia probatoria afirmando que fuese cual fuese el contenido de los libros los jueces podrían valorar la prueba en su conjunto y así había medios de prueba que podrían desvirtuar el contenido de los libros.